La Guardia Civil ha detenido a 32 personas e investiga a otras 21 en España en el marco de una macrooperación internacional contra el fraude alimentario, que afectaba especialmente a productos como el aceite de oliva virgen extra (AOVE) y los vinos con denominación de origen protegida (DOP).
La operación contra el fraude alimentario ha culminado con la detención de los propietarios de una empresa conservera ubicada en Alfaro, (La Rioja). Esta macrooperación se ha extendido por toda España y ha destapado un elaborado esquema de engaño que ponía en riesgo la seguridad alimentaria de los consumidores y la integridad del sector.
Según las investigaciones, los detenidos se dedicaban a la elaboración de conservas de atún, utilizando productos de inferior calidad a los que se anunciaban en las etiquetas. En lugar de emplear atún de buena calidad, como prometían a sus clientes, la empresa utilizaba variedades más baratas, lo que contraviene las normativas de etiquetado y calidad alimentaria vigentes. Este tipo de prácticas no solo afecta a los consumidores, sino que también perjudica a otras empresas del sector que cumplen con las regulaciones y ofrecen productos de calidad.
Además del fraude en el tipo de pescado utilizado, la empresa también estaba comercializando sus conservas con aceite de girasol u orujo, a pesar de que en el etiquetado se indicaba que los productos contenían aceite de oliva. Esta maniobra no solo infringe la legislación sobre información alimentaria, sino que también supone un notable desprecio por la salud de los consumidores, quienes confían en que el etiquetado de los productos refleje la verdadera naturaleza de su contenido.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta operación es que, al utilizar ingredientes de menor calidad, los detenidos lograban ofrecer sus productos a precios significativamente más bajos que los de la competencia. Esto creó una competencia desleal en el mercado, perjudicando a las empresas que operan de forma ética y transparente.
La Guardia Civil, en colaboración con otras instituciones competentes, ha realizado diversos registros en las instalaciones de la empresa y ha recolectado pruebas que respaldan las acusaciones de fraude y engaño. Las autoridades han reiterado la importancia de la seguridad alimentaria y el respeto a las normativas que garantizan la calidad de los productos que llegan a nuestras mesas.
Este tipo de delitos no solo afecta a los consumidores individuales, sino que también pone en peligro la reputación del sector alimentario español en su conjunto, un pilar fundamental de la economía nacional y un referente en la calidad de sus productos a nivel internacional.
Las principales operaciones en España se llevaron a cabo en Madrid, La Rioja, Sevilla, Valencia y Málaga.
La operación en Alfaro pone de manifiesto la vigilancia constante a la que se somete la industria alimentaria y el compromiso de las autoridades para combatir el fraude y asegurar que los consumidores reciban lo que realmente están pagando. Se espera que, en los próximos días, se lleven a cabo más detenciones y se presenten cargos contra otras personas involucradas en este esquema fraudulento.