El voto de calidad del alcalde desbloquea la licitación del Centro Social de Igea
El Pleno extraordinario convocado en Igea para aprobar la licitación del Centro Social terminó como empezó: con tensión, reproches cruzados y el salón lleno. Pero, sobre todo, terminó con una decisión clave: pese al empate en la votación entre el equipo de gobierno y la oposición de ATI, la licitación salió adelante gracias al voto de calidad del alcalde, la herramienta que la ley otorga a la Alcaldía para desempatar en estos casos.
Lo que podía haber sido un mero trámite administrativo se convirtió en una sesión larga, bronca por momentos y con presencia de la Guardia Civil, algo poco habitual en un pueblo pequeño.
Un acta discutida desde el minuto uno
La polémica no empezó con el Centro Social, sino con el acta del pleno anterior. ATI se negó a aprobarla al considerar que tenía “omisiones y errores significativos”. En concreto, denunciaron que no se recogían las distintas intervenciones de la concejala Cristina Marzo, limitándose el acta a señalar que se dio la palabra a los concejales, sin resumir qué dijo cada uno.
Desde la oposición defendieron que, aunque el acta no tenga por qué transcribir literalmente cada frase, sí debe reflejar de forma mínima las aportaciones de quienes intervienen, porque si no se pierde parte del debate político y del control democrático.
A esto se sumó un defecto de forma que calificaron de “bastante serio”: el documento aparece firmado por dos firmantes en un mismo documento, uno de ellos de la anterior secretaria. Esa mezcla de nombres y firmas alimentó la desconfianza de ATI y marcó el tono del resto de la sesión.
ATI: “No estamos contra la licitación, sino contra un expediente mal hecho”
Entrando ya en el segundo punto del orden del día, la aprobación del expediente de licitación del Centro Social, la concejala de ATI, Cristina Marzo, pidió formalmente el aplazamiento. Y lo dejó claro desde el principio: ATI no se niega a que el servicio se licite; al contrario, defienden que todos los servicios públicos deben pasar por concurso, tal y como han dicho también en sus redes.
Lo que reclaman es algo distinto: que se vote cuando el expediente esté bien preparado y ajustado a la ley. Dicho de otra forma, no cuestionan el “qué”, sino el “cómo” y el “cuándo”. Pedían parar, corregir y volver a traer el asunto a Pleno con los papeles en condiciones.
Fechas imposibles y un contrato sin valor estimado
Durante el debate se pusieron sobre la mesa varios errores que ATI calificó de “garrafales”. El baile de fechas fue uno de los puntos más llamativos.
La providencia de Alcaldía que supuestamente inicia el expediente figura como de 4 de noviembre, pero el informe jurídico de la secretaria aparece emitido en base a una providencia de 22 de mayo de 2024. En otro documento, la resolución de Alcaldía habla de inicio del expediente el 22 de mayo de 2021, lo que directamente chirría con el resto de fechas.
Tampoco cuadran los plazos para el nuevo contrato: en la memoria de Alcaldía se fija que empezaría el 1 de enero de 2026, mientras que el informe jurídico habla de inicio el 1 de enero de 2025, una fecha ya pasada. La oposición considera que así es imposible saber qué vigencia real tendría el contrato ni si se cumplen los plazos legales.
Además, ATI denunció que en el pliego no aparece el valor estimado del contrato, un dato obligatorio según la Ley de Contratos del Sector Público y clave para que las empresas sepan a qué atenerse y para calcular garantías, posibles revisiones, etc.
Con este panorama, la oposición resumió su postura: con tantos errores de forma y de fecha, y sin valor estimado del contrato, lo prudente es corregir antes de licitar, porque el pliego “nace cojo” y es carne de impugnación.
Cruce de acusaciones y un relato en disputa
El alcalde Sergio Álvarez, no lo vio igual. En su réplica, acusó a ATI de haberse opuesto desde el principio a la licitación y de haber movido la opinión en redes sociales para frenar el proceso y dividir al Pueblo. Incluso dijo que “se alegraba” de que ahora dijeran lo contrario, insinuando un cambio oportunista de postura.
Esa afirmación encendió parte del público presente, que reaccionó con murmullos y comentarios. Muchos asistentes consideraron que se estaba faltando a la verdad, y la tensión subió varios grados. A partir de ahí, la sesión dejó de ser solo un debate técnico y se convirtió también en una batalla por el relato: quién quiere realmente licitar, quién pone palos en las ruedas y quién está defendiendo la legalidad.
Guardia Civil en el salón de plenos
Ante el ruido del público, el alcalde decidió suspender la sesión y salir del salón, pidiendo que se desalojara. La gente, sin embargo, no se marchó. Finalmente, el alcalde llamó a la Guardia Civil, que se presentó en el edificio.
Fue Cristina Marzo quien salió a hablar con los agentes junto al alcalde. Según explicó, no había pasado nada grave, solo murmullos, y garantizó que, si se reanudaba el Pleno, el público permanecería en silencio. La Guardia Civil, por su parte, señaló que no veía problema en continuar y que la decisión correspondía al alcalde.
Al final, se acordó seguir con la sesión con una condición clara: cualquier persona que interrumpiera sería expulsada.
La patrulla de la Guardia Civil permaneció en el salón hasta el final del Pleno. Para muchos vecinos, ver a los agentes velando por el orden en un pleno de pueblo fue una escena “vergonzosa” y, desde luego, poco habitual en la vida municipal de Igea.
Voto de calidad y ruptura final
Con el ambiente ya cargado, la discusión volvió al fondo del asunto: ¿se aprueba o no el expediente de licitación en esas condiciones? ATI insistió en que lo lógico es corregir antes de sacar el contrato, más aún cuando se les había advertido de que, tal y como está, el pliego será probablemente impugnado. La concejala también pidió saber cuánto había costado el informe jurídico externo, pero el alcalde aseguró no recordar la cifra.
Llegado el momento de la votación, faltaba un concejal: Cristian no asistió al Pleno. El resultado fue un empate técnico: tres votos a favor (PP) y tres en contra (ATI). Se repitió la votación y el resultado fue idéntico.
En ese escenario, el Reglamento permite que el alcalde utilice su voto de calidad, es decir, un voto adicional para desempatar. Y eso fue lo que hizo: con ese voto extra, el expediente de licitación quedó aprobado.
La reacción de la oposición fue inmediata: los concejales de ATI se levantaron y abandonaron la sesión en señal de protesta, dejando una imagen de ruptura política y de fuerte desacuerdo sobre la forma de gestionar un servicio tan sensible como el del Centro Social.
Lo que viene ahora
A partir de aquí, los siguientes pasos pasan por la publicación del pliego en el perfil del contratante. Una vez colgado oficialmente, se abrirá una nueva fase, esta vez jurídica: estudiar si, tal y como se ha aprobado, el pliego es recurrible por los defectos e incoherencias que ATI ha señalado en el Pleno.
También queda en el aire una cuestión de transparencia: conocer el coste real del informe jurídico externo encargado por el Ayuntamiento para este expediente.
Mientras tanto, el pueblo se queda con la sensación de que una decisión importante para vecinos mayores, usuarios y trabajadores del Centro Social ha salido adelante no por consenso, sino por un voto de calidad y en medio de un clima de tensión, dudas legales y Guardia Civil en la puerta. Un desenlace que, más que cerrar el debate, parece abrir un nuevo capítulo en la vida política de Igea.
