Centro Social de Igea, cuando la “transparencia” llega con turrón… y prisa
El Ayuntamiento de Igea ya ha dado el paso que llevaba semanas anunciando (y meses —o años— sobrevolando): la licitación para la gestión del Centro Social está publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Es concesión de servicios, procedimiento abierto, presentación electrónica, y con un detalle nada menor: el plazo para presentar ofertas termina el 7 de enero de 2026 a las 23:59. Vamos, que si alguien quería digerir esto con calma, le toca hacerlo entre villancicos, cabalgatas y roscón.
Hasta aquí, el titular “aséptico”. Ahora, la parte que en un pueblo pequeño se nota más que un bache en la calle Mayor: cómo se ha llegado a este punto y por qué el proceso se ha convertido en un culebrón municipal con capítulos, bandos y banda sonora propia.
De “hay que regularizar” a “¡corre, que es Navidad!”
Según el propio Ayuntamiento, el origen del lío es bastante simple (y bastante serio): el contrato “lleva caducado desde 2019” y un informe jurídico externo habría venido a recordar lo obvio: que esto no puede seguir así indefinidamente si se quiere cumplir la Ley de Contratos. También se menciona que han llegado reclamaciones de posibles aspirantes pidiendo igualdad de oportunidades. Es decir, que el problema ya no era solo de barra y café: era de expediente.
El argumento es razonable. Lo que chirría es el ritmo. Porque el camino hasta la licitación no ha sido precisamente una autopista recta: hubo un pleno con la sala llena, apoyo público a la actual gestora, debate aplazado para “blindar” jurídicamente el proceso y, de paso, un tirón de orejas por cómo se comunicaban algunas cosas (sí, WhatsApp aparece en la conversación pública como si fuera un canal institucional más).
Y cuando por fin se llevó el expediente a un pleno decisivo, la escena fue de las que no deberían ser normales en un ayuntamiento de pueblo: empate, voto de calidad del alcalde para desempatar, y la oposición (ATI) levantándose y marchándose. Con Guardia Civil en el salón, para rematar una noche que nadie describiría como “trámite administrativo”.
Con este historial, sacar la licitación justo el 15 de diciembre (fecha que figura en la publicación y documentos) y cerrarla el 7 de enero no es ilegal por definición… pero sí es políticamente inflamable: el calendario no ayuda a convencer a nadie de que aquí todo va “con calma, consenso y explicación pedagógica”.
Los números: 3.000 euros… y, de fondo, 480.000
La ficha de la licitación deja otra de esas cifras que, sin contexto, parecen un chiste malo contado a medias: presupuesto base de licitación (sin impuestos) de 3.000 euros y valor estimado del contrato de 480.000 euros.
¿Contradicción? No necesariamente. En una concesión, el “presupuesto base” puede no significar lo mismo que en un contrato de obras o servicios al uso; puede estar vinculado a cánones, mínimos o parámetros específicos. Pero el contraste es tan brutal que obliga a una pregunta sencilla (y muy de Igea): ¿qué se está licitando exactamente, con qué obligaciones, por cuánto tiempo y con qué reglas del juego? Porque 480.000 euros como valor estimado sugiere que el Centro Social no es “un bar sin más”: es un servicio con peso económico y social.
Y ahí es donde se juega la credibilidad del proceso. No basta con repetir “legalidad y transparencia” como si fueran un conjuro: en los pueblos, la transparencia se mide menos por lo que se proclama y más por lo que se explica.
El problema no es licitar: es licitar bien (y parecerlo)
La oposición ha insistido en una idea que, curiosamente, también tiene sentido: no estar contra licitar, sino contra hacerlo “con prisas” o con un expediente discutible. Y el gobierno municipal responde con la otra parte del espejo: que hay que regularizar una situación que no se había corregido “en años”.
¿Quién tiene razón? Posiblemente, en parte, ambos. Pero el resultado práctico es el peor de los mundos: un servicio esencial convertido en arma arrojadiza, vecinos inquietos, y una sensación persistente de que se llega tarde… y luego se corre demasiado.
Porque el Centro Social, en Igea, no es un local municipal cualquiera: es el sitio donde se cruzan generaciones, donde se hacen reuniones, donde se combate la soledad con un café y donde un cambio de gestión se vive casi como si te cambiasen la plaza de sitio. Eso explica que cualquier paso se amplifique. Y también obliga a una responsabilidad extra: cuando el objeto del contrato es el corazón social del pueblo, la forma importa casi tanto como el fondo.
Lo que habría que vigilar de aquí al 7 de enero
El anuncio dice que el procedimiento es abierto y que todo va por vía electrónica. Perfecto. Pero, con el ambiente como está, la pregunta clave no es “¿se puede presentar cualquiera?”, sino “¿se entiende todo y está todo atado para que no acabe en recursos, sospechas o bronca eterna?”.
Y, sobre todo: ¿qué va a premiar el concurso? ¿El canon (quién paga más), el proyecto de servicio (horarios, atención a mayores, dinamización), la experiencia, el arraigo, las mejoras… o un mix sensato. Esto, que debería estar clarísimo en el pliego, es lo que separa una licitación saludable de una ruleta municipal con premio envenenado.
Epílogo: menos épica y más explicación
El Ayuntamiento pide “cordura” y asegura que esto no es “echar a nadie”, sino normalizar una situación caducada. Y advierte de que el debate se ha embarrado con presiones e insultos (sin concretar).
Bien. Pero si de verdad se quiere bajar el volumen, hay un método infalible: explicar el pliego como si se lo estuvieras contando a tu vecina en la Placetilla. Sin jerga, sin frases de manual, sin convertir cada duda en una trinchera.
Porque una licitación puede ser impecable en papeles… y desastrosa en confianza. Y en Igea, ahora mismo, lo que está en juego no es solo quién sirve los cafés: es si el pueblo sale de esta con un Centro Social funcionando y una política local menos rota.
