Un millón para acabar con edificios en ruina
El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado una nueva línea de subvenciones pensada para un problema muy de pueblo, los edificios municipales en ruina que acaban siendo un riesgo para la seguridad, una fuente de quebraderos de cabeza… y un agujero para las arcas del ayuntamiento. La novedad es potente: los municipios de hasta 5.000 habitantes podrán financiar el derribo con ayudas que llegan hasta el 90% del coste, según ha explicado el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés.
La medida, dotada con un millón de euros para 2026, busca algo muy concreto y muy práctico: garantizar la seguridad y salubridad de esos inmuebles y sus solares y, de paso, liberar suelo municipal para que pueda destinarse a servicios básicos o a usos que el ayuntamiento considere prioritarios. Porque una ruina no solo es una pared que se cae: también es un solar secuestrado que impide planificar, construir o simplemente ordenar el espacio urbano.
La ayuda, además, está diseñada con discriminación positiva hacia los municipios más pequeños: cuanto menos vecinos, más porcentaje cubre la subvención. Así, se financiará el 90% del derribo en localidades de 500 habitantes o menos, con un máximo de 50.000 euros; el 85% en municipios de 501 a 2.000 habitantes, hasta 45.000 euros; y el 75% en los de 2.001 a 5.000 habitantes, hasta 40.000 euros.
No se trata solo de pagar la excavadora. La convocatoria incluye también gastos habituales (y nada baratos) cuando se hace una demolición como Dios manda, honorarios de redacción del proyecto, dirección de obra y seguridad y salud, con un tope para honorarios del 8% del presupuesto de ejecución material más IVA. En otras palabras: se intenta que el ayuntamiento no tenga que ir a ojo ni a base de apaños, sino con trámite técnico y garantías.
En cuanto al calendario, el Gobierno regional ha indicado que la Orden se publicará el miércoles 17 de diciembre en el BOR y que la resolución de convocatoria llegará “en los próximos días”. A partir de ahí, el plazo de solicitud será de dos meses, por registro electrónico, y las actuaciones deberán justificarse antes del 30 de octubre de 2026.
