Un millón para acabar con edificios en ruina

El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado una nueva línea de subvenciones pensada para un problema muy de “pueblo”: los edificios municipales en ruina que acaban siendo un riesgo para la seguridad, una fuente de quebraderos de cabeza… y un agujero para las arcas del ayuntamiento. La novedad es potente: los municipios de hasta 5.000 habitantes podrán financiar el derribo con ayudas que llegan hasta el 90% del coste, según ha explicado el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés. 

La medida, dotada con un millón de euros para 2026, busca algo muy concreto y muy práctico: garantizar la seguridad y salubridad de esos inmuebles (y sus solares) y, de paso, liberar suelo municipal para que pueda destinarse a servicios básicos o a usos que el ayuntamiento considere prioritarios. Porque una ruina no solo es una pared que se cae: también es un solar “secuestrado” que impide planificar, construir o simplemente ordenar el espacio urbano. 

La ayuda, además, está diseñada con “discriminación positiva” hacia los municipios más pequeños: cuanto menos vecinos, más porcentaje cubre la subvención. Así, se financiará el 90% del derribo en localidades de 500 habitantes o menos (con un máximo de 50.000 euros); el 85% en municipios de 501 a 2.000 habitantes (hasta 45.000 euros); y el 75% en los de 2.001 a 5.000 habitantes (hasta 40.000 euros). 

No se trata solo de pagar la excavadora. La convocatoria incluye también gastos habituales (y nada baratos) cuando se hace una demolición “como Dios manda”: honorarios de redacción del proyecto, dirección de obra y seguridad y salud, con un tope para honorarios del 8% del presupuesto de ejecución material más IVA. En otras palabras: se intenta que el ayuntamiento no tenga que ir “a ojo” ni a base de apaños, sino con trámite técnico y garantías. 

En cuanto al calendario, el Gobierno regional ha indicado que la Orden se publicará el miércoles 17 de diciembre en el BOR y que la resolución de convocatoria llegará “en los próximos días”. A partir de ahí, el plazo de solicitud será de dos meses (por registro electrónico) y las actuaciones deberán justificarse antes del 30 de octubre de 2026.