Tras la publicación de las condiciones del pliego, en Igea se han instalado varias preguntas inevitables, de esas que no nacen del cotilleo sino del sentido común. Porque cuando un documento fija un listón tan alto, lo lógico es que el pueblo empiece a mirar alrededor y a pensar en voz alta.
La primera es casi automática: ¿son estas condiciones las mismas, o al menos parecidas, a las que se exigieron cuando se licitó el Albergue de Igea? Si el Albergue ya implicaba obligaciones, costes y responsabilidades, la comparación es pertinente. No para buscar polémica, sino para entender si el Ayuntamiento está manteniendo un criterio homogéneo en sus concesiones municipales o si, por el contrario, ha dado un giro hacia un modelo mucho más duro y exigente en el Centro Social.
La segunda pregunta es todavía más directa y más humana: ¿hay algún particular igeano dispuesto a asumir este paquete de obligaciones? No hablamos solo de poner buena voluntad y ganas de trabajar, sino de afrontar seguros elevados, mantenimiento, limpieza y un compromiso de apertura y gestión que consume vida y tiempo. En un pueblo pequeño, donde además la clientela fluctúa por temporadas y fines de semana, lo que se pide no se sostiene únicamente con ilusión: hace falta músculo económico, experiencia y capacidad de aguante.
Y entonces llega la tercera, la que nadie quiere formular porque suena a escenario gris, ¿qué pasará si nadie se presenta? Si el concurso queda desierto, el municipio se enfrenta a una disyuntiva seria, o se replantean las condiciones y se vuelve a licitar, o se buscan soluciones provisionales que rara vez son estables. Y en medio queda lo importante: el Centro Social como espacio de convivencia, de servicio diario y de vida comunitaria. Un concurso desierto no sería solo un trámite fallido; sería un síntoma.
Por último, aparece una cuestión que, vista la tensión política de los últimos meses, también flota en el ambiente: si alguien lo gana, ¿será “auditado” de forma constante por Ayuntamiento y oposición? La fiscalización de un servicio municipal es normal y necesaria, pero otra cosa es convertir la gestión en un campo de batalla. En un negocio tan delicado, donde cualquier margen es pequeño, una vigilancia convertida en pulso político puede terminar desgastando al adjudicatario y, por extensión, al propio servicio.
Resumiento, el pliego no solo fija condiciones; también abre un debate. Y el debate, en un pueblo, se nota enseguida. Porque aquí no se discute una concesión cualquiera, se discute quién, cómo y en qué condiciones se sostiene un lugar que es, para muchos, la plaza interior de Igea.
Una escena cotidiana del CSI