La licitación del CSI vuelve al pleno sin solución
El Ayuntamiento de Igea ha convocado un Pleno extraordinario para el viernes 13 de febrero de 2026 a las 19.30 en el Salón de Plenos. Sobre el papel, lo extraordinario suena a urgencia y a decisiones. En la práctica, el orden del día gira alrededor de tres asuntos muy previsibles en plena resaca del Centro Social de Igea con la persiana bajada.
Lo que se pone sobre la mesa es, primero, la aprobación del acta de la sesión anterior. Segundo, un acuerdo para declarar desierta la licitación del servicio del Centro Social. Y tercero, contestar un recurso de reposición ligado al expediente 154/2025 sobre la concesión del servicio mediante procedimiento abierto. La parte de control se remata con los asuntos de Alcaldía. Es decir, se habla de papeles, de formalizar lo que ya se sabe y de responder a un recurso, pero no aparece lo que la mayoría espera oír desde hace semanas, cuándo y cómo se reactiva la licitación para reabrir el Centro Social.
Ahí es donde ATI Ahora Toca Igea aprieta. En su último comunicado en redes, difundido y contextualizado por igealarioja.com, la oposición insiste en que el cierre del CSI no puede convivir con un calendario en borrador y que el hecho de que el concurso quedara desierto no justifica quedarse quietos. ATI sostiene además que recurrir el expediente anterior no impide iniciar otro nuevo si el anterior ya fracasó, y fija un objetivo muy concreto, tener una nueva licitación publicada antes del 1 de marzo.
El comunicado que acompaña a esta nueva convocatoria va en esa línea, denuncia que el Pleno recibido no sustituye al Pleno extraordinario solicitado por ATI y que, tal y como está planteado, se corre el riesgo de perder el tiempo en una sesión donde lo sustancial se pospone. Su crítica tiene un punto especialmente incómodo para el gobierno municipal, la idea de que, con el CSI cerrado, cada semana sin pasos claros es desgaste comunitario, no prudencia administrativa.
Qué dice la norma y por qué importa en un pueblo pequeño
Más allá del rifirrafe político, hay un elemento objetivo que conviene recordar. La Ley 7/1985 establece que el Pleno debe celebrar sesión extraordinaria cuando lo solicita al menos una cuarta parte del número legal de miembros, con un límite temporal para celebrarla de quince días hábiles desde la solicitud. Y añade una regla pensada precisamente para evitar atajos, ese asunto solicitado no puede diluirse metiéndolo en otro Pleno con más asuntos si los solicitantes no lo autorizan expresamente. Incluso prevé una convocatoria automática si no se convoca en plazo.
Con este marco, la pregunta que deja ATI en el aire no es solo política, también es de procedimiento. Si había un Pleno extraordinario pedido con un orden del día concreto, la convocatoria de otro Pleno distinto no borra esa obligación si se han cumplido los requisitos legales. Eso explica que ATI hable de por ley y de plazos, y que subraye que la urgencia no es un eslogan, es el Centro Social cerrado.
Casi un mes de persiana bajada y una agenda que no da respuestas
El CSI bajó la persiana la noche del 14 de enero, con la despedida de Esme tras más de una década al frente, y desde entonces Igea ha notado el hueco en lo cotidiano, especialmente entre los mayores. En paralelo, el concurso quedó sin relevo porque no se presentó ninguna candidatura, y ese ofertas cero ya era un hecho conocido desde principios de enero.
Por eso chirría que uno de los puntos centrales del Pleno sea declarar desierta la licitación, como si el pueblo necesitara que se lo certifiquen para creerlo. Y por eso ATI califica de paja lo que entiende como un pleno de confirmaciones, actas y plazos, mientras el problema real sigue intacto, no hay nueva licitación en marcha con condiciones capaces de atraer a alguien que quiera abrir, trabajar y aguantar la exposición pública de un bar en un municipio pequeño.
Lo crítico aquí no es discutir si hay que actuar con garantías. Es discutir si la garantía se está confundiendo con la parálisis. El Ayuntamiento ya ha defendido en otros momentos la legalidad y la necesidad de blindar procedimientos. Bien. Pero el blindaje no puede ser sinónimo de calendario infinito, porque la vida del pueblo no espera a la tramitación. Un Centro Social cerrado no es una carpeta, es soledad, es menos convivencia y es un termómetro social apagado.
Si este Pleno quiere parecer extraordinario de verdad, debería salir con algo más que actas y respuestas a recursos. Debería salir con una decisión operativa, un mandato claro de rehacer pliegos, un cronograma público y una explicación entendible, de esas que se cuentan igual en el atril que en la barra. Porque ahora mismo, el gran debate no es quién tiene razón en el cruce de comunicados. Es cuánto tiempo más puede permitirse Igea seguir sin su punto de encuentro.
