Carta de Esme Arnedo tras el pleno
La controversia en torno a la licitación desierta del Centro Social de Igea ha dado un giro significativo tras el testimonio público de Esme Arnedo quien hasta hace poco regentaba el establecimiento. A través de un comunicado emitido tras el último Pleno extraordinario la exadjudicataria ha desglosado las razones técnicas y económicas que imposibilitaron su continuidad en el servicio y ha denunciado una campaña de presión previa a la salida a concurso del pliego.
Cláusulas económicas y operativas insalvables
El análisis de Esme coincide con las críticas de la oposición respecto a la falta de realismo en las condiciones del nuevo contrato. Según la exgestora el incremento de las exigencias ha sido el factor determinante para no presentarse a la licitación:
- Incremento en seguros: La exigencia de un seguro de responsabilidad civil que asciende de 300.000 a 600.000 euros sumado a un seguro a terceros por la totalidad del edificio supuso una barrera económica crítica.
- Horarios y penalizaciones: El pliego obligaba a una apertura de 365 días al año sin flexibilidad lo que unido a un nuevo sistema de multas de entre 300 y 600 euros por incumplimientos administrativos generaba una inseguridad jurídica constante para la trabajadora.
- Carga de servicios: Arnedo señala que el volumen de actividades que ahora alberga el edificio como el Dinoclub o el bingo no se refleja en una compensación adecuada dentro de las cláusulas del bar.
Denuncia de presiones y falta de comunicación oficial
Uno de los puntos más graves del testimonio es la denuncia de una supuesta planificación para desplazarla de la gerencia. Arnedo afirma haber tenido conocimiento de comentarios de personas cercanas al equipo de gobierno que anticipaban su salida del bar años antes de que el contrato expirase. Además critica que la notificación inicial de la salida a concurso se realizara mediante WhatsApp en lugar de seguir un conducto administrativo formal acorde a sus doce años de servicio.
Impacto laboral y social en el municipio
La exresponsable desmiente rotundamente la versión municipal que sugiere que el cierre es una decisión personal y arbitraria. Explica que el desfase entre las fechas de finalización de su contrato y la entrada del hipotético nuevo adjudicatario la obligó a tramitar despidos e indemnizaciones de su plantilla quedando ella misma en una situación de desprotección laboral sin acceso a prestaciones.
Mientras el consistorio justifica las condiciones del pliego basándose en quejas puntuales por cierres en lunes la realidad es que el municipio se enfrenta ahora a un cierre total e indefinido. Arnedo concluye su exposición apelando a la transparencia y solicitando el fin de los rumores sobre su gestión profesional en un momento en que la falta de un plan de contingencia municipal ha dejado a Igea sin su principal centro de reunión social.
