Choque por las actas en Igea antes de sacar adelante el convenio de recogida de perros
El Ayuntamiento de Igea aprobó en el pleno ordinario del 9 de abril su adhesión al convenio de la comunidad autónoma para la recogida, traslado y atención de perros abandonados, extraviados o no identificados, en una sesión que estuvo precedida por un nuevo choque entre gobierno y oposición por la redacción de las actas municipales. La corporación sacó adelante tanto las actas debatidas como el convenio con el mismo equilibrio de fuerzas, en un clima de discrepancia política sobre qué debe quedar reflejado en la versión oficial de los plenos y sobre si algunos expedientes llegan suficientemente preparados al debate.
Las actas vuelven a abrir fricción entre gobierno y oposición
La primera parte del pleno giró en torno a la aprobación de las actas del 19 de marzo y del pleno extraordinario del 25 de febrero de 2026. En ambos casos, el debate se centró en la misma cuestión, el alcance del acta y el criterio con el que se resume lo ocurrido en la sesión.
La concejal de ATI Cristina Marzo sostuvo que en el acta del 19 de marzo faltaba una declaración que consideró relevante, la de que su grupo apoyaría siempre cualquier medida beneficiosa para el pueblo. A su juicio, esa idea debía quedar recogida por su valor político. En relación con el acta del pleno extraordinario de febrero, la edil señaló además que no se habían incluido las motivaciones que expuso para justificar la solicitud de aquella sesión.
Frente a esas objeciones, el alcalde, Sergio Álvarez, y la secretaria defendieron que las actas no son transcripciones literales y que su función es recoger los puntos tratados y los acuerdos adoptados, no reproducir íntegramente las intervenciones ni los argumentos previos que rodean la convocatoria de un pleno. Durante el intercambio también se apeló al respeto al criterio técnico de secretaría en la elaboración de estos documentos.
Las dos actas acabaron siendo aprobadas por cuatro votos a favor y tres en contra, un resultado que permitió cerrar el trámite, aunque no la controversia política que lo acompañó.
Luz verde al convenio para perros abandonados
Superado ese primer bloque, el pleno abordó uno de los asuntos principales de la sesión, la adhesión al convenio promovido por la comunidad autónoma para la prestación del servicio de recogida, traslado, acogida, alojamiento, manutención y asistencia veterinaria de perros abandonados, extraviados y no identificados.
El equipo de gobierno defendió la adhesión como un paso necesario para dotar al municipio de una cobertura ya implantada en otros ayuntamientos. ATI, sin embargo, cuestionó que el expediente se llevara a votación sin haber concretado antes algunos extremos de la documentación requerida, entre ellos la marca y modelo del lector de microchip, la descripción del espacio temporal previsto para albergar a los animales o la designación del operario responsable.
El alcalde respondió que esos preparativos debían acometerse después de la aprobación plenaria, para evitar gastos o compromisos previos en caso de que el convenio no saliera adelante. Desde la oposición se replicó que precisamente esos elementos tendrían que haberse trabajado antes, al entender que forman parte del contenido material del acuerdo que se somete a decisión.
Durante el debate también se precisó que el convenio no se extiende a la gestión de gatos, una competencia que, según se indicó en la sesión, sigue correspondiendo exclusivamente al ayuntamiento en virtud de la Ley 7/2023.
La adhesión quedó finalmente aprobada por cuatro votos a favor y tres abstenciones. El pleno facultó además al alcalde para formalizar la firma del convenio.
Subvenciones, permutas y centro social
En el apartado de asuntos de alcaldía e informes, el equipo de gobierno dio cuenta de varias resoluciones y solicitudes de subvención tramitadas en las últimas semanas. Entre ellas figuró una permuta de parcelas con Raúl Navas Álvarez, fechada el 27 de marzo de 2026, así como la aprobación de la liquidación de una subvención destinada a la contratación de dos trabajadores, con fecha del 7 de abril.
La alcaldía informó asimismo de la solicitud de varias ayudas, una para la gestión de residuos de construcción por importe de 2.750 euros, otra para la eliminación de combustibles leñosos por 9.712,50 euros y una tercera para la restauración de imágenes de la iglesia por 11.253 euros.
La sesión incluyó además una actualización sobre la licitación del centro social. Según se explicó, la primera licitadora no presentó la documentación exigida y el ayuntamiento ya ha notificado a la segunda, Olga Ortega Martínez.
La oposición pone el foco en seguridad, limpieza y personal
El turno de ruegos y preguntas trasladó el debate a cuestiones de gestión cotidiana. Cristina Marzo preguntó por la falta de equipos de protección adecuados para los trabajadores contratados por el ayuntamiento, en referencia a ropa, botas y guantes, y vinculó esa carencia al cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
También salieron a relucir varios asuntos de mantenimiento urbano. El gobierno local informó de que ya han comenzado los trabajos previos de retirada y preparación del césped en las piscinas municipales, ejecutados por una empresa de Arnedo. En la plaza Pedro María Sanz Alonso, explicó además que se levantaron adoquines para impermeabilizar la zona y corregir humedades denunciadas por un vecino.
ATI amplió sus críticas al estado general del municipio y citó problemas de suciedad, deficiencias en el punto limpio, alcantarillas obstruidas y falta de mantenimiento en espacios como el cementerio o el parque del Rincón. Entre las propuestas planteadas figuró la de cubrir el punto limpio para mejorar la imagen de la entrada al pueblo. El alcalde defendió que el ayuntamiento realiza labores regulares de mantenimiento y atribuyó parte de esas incidencias al comportamiento incívico de algunos vecinos.
Del punto de bicis al camino dañado por el río
El pleno también dejó espacio para asuntos de menor rango, pero con impacto directo en la vida diaria del municipio. La oposición sugirió trasladar el punto de reparación de bicicletas a la zona de caravanas al considerar que su ubicación actual tiene poco uso. El alcalde tomó nota de la propuesta, aunque defendió el emplazamiento actual por tratarse de un lugar habitual de paso para ciclistas.
Ángel Vicente advirtió además de los daños causados por la crecida del río en el camino que conduce a la central. Álvarez reconoció la situación, aunque señaló que el ayuntamiento no puede actuar sin autorización de la confederación hidrográfica al tratarse de una zona de cauce.
En el turno final también se aclaró que, de manera puntual, una persona ajena al ayuntamiento ha colaborado en el cobro de tasas del mercadillo cuando el alguacil no estaba disponible. Marzo reiteró asimismo la necesidad de incorporar un auxiliar administrativo para reforzar el funcionamiento municipal.
Una sesión con acuerdos y desgaste político
El pleno dejó decisiones concretas, especialmente la adhesión al convenio para la recogida de perros y la relación de subvenciones en marcha, pero volvió a mostrar una tensión ya conocida en la política local, la distancia entre la interpretación técnica de los documentos municipales y la voluntad de la oposición de ver reflejado con más detalle el contenido político de sus intervenciones.
Ese desacuerdo no impidió la aprobación de los principales puntos del orden del día, pero sí volvió a marcar el tono de una sesión en la que la gestión ordinaria convivió con un debate de fondo sobre la forma en que el ayuntamiento deja por escrito su propia actividad.
