Tras el silencio institucional desde que el Centro Social de Igea cerró sus puertas, ATI (Ahora Toca Igea) ha publicado hoy un comunicado en redes con un mensaje es sencillo, contundente e incómodo para cualquiera que mire esto desde la barra y no desde el atril. Si el Centro Social está cerrado, el calendario no puede seguir más tiempo en modo borrador.
El aviso no llega en vacío. La licitación del servicio quedó desierta a principios de enero y, desde entonces, el asunto ha ido creciendo como una bola de nieve en un pueblo pequeño donde todo se nota, especialmente lo que falta. Y lo que falta, ahora mismo, es el sitio donde se cruzan generaciones, se comparte mesa, se “echa el rato” y se combate la soledad sin necesidad de llamarlo así.
El comunicado de ATI cuando el tiempo ya no es una excusa
El grupo de oposición sostiene que el hecho de que el concurso anterior quedara desierto no justifica que no se haya vuelto a licitar con condiciones nuevas, claras y viables. Y añade un matiz importante que suele perderse en el ruido político; haber hecho un recurso para pedir la nulidad del expediente no impide tramitar una nueva licitación si la anterior ya fracasó. En otras palabras, se puede discutir lo de ayer y, a la vez, arreglar lo de mañana.
Esta idea conecta con algo que ya se venía mascando desde diciembre, cuando el Ayuntamiento defendía que el procedimiento debía hacerse con garantías, recordando además que el contrato venía caducado desde 2019 y que un informe jurídico externo apuntaba a la obligación de regularizar la situación.
El problema es que, a fuerza de hablar de garantías, nadie ha conseguido aún que el servicio funcione. Y al vecino, la palabra garantía le suena bien, pero le abriga poco.
Qué dice el documento adjunto y por qué no es un papel cualquiera
El escrito que ATI adjunta no es un simple gesto para redes. Es una solicitud formal dirigida a la Alcaldía para convocar un pleno extraordinario, con un orden del día muy concreto y con plazos que, sobre el papel, aprietan.
En ese documento, los concejales de ATI piden tres cosas. Primero, declarar nulo el expediente de licitación aprobado en el pleno del 4 de diciembre por entender que no cumple la Ley de Contratos del Sector Público, algo que dicen haber recurrido el 14 de enero. Segundo, iniciar con urgencia un nuevo expediente de licitación para el servicio de bar restaurante del Centro Social, dado que el anterior quedó desierto. Y tercero, redactar nuevos pliegos que cumplan la ley y respeten igualdad, transparencia y libre concurrencia, con un objetivo marcado publicación en la plataforma de contratación antes del 1 de marzo de 2026.
La parte más interesante está en la motivación. ATI vincula el cierre a un perjuicio directo para Igea, atribuye el fracaso del concurso a cláusulas abusivas, incoherencias técnicas y mala redacción, y recuerda que el pleno tiene potestad de control y fiscalización del órgano de contratación según la Ley 7 1985. Incluso cita el artículo que fija que la Alcaldía debe convocar la sesión extraordinaria en un plazo breve tras presentarse la solicitud, o, de no hacerlo, que la convocatoria recaería en la secretaría municipal en el plazo que marca la norma. Es decir, no solo piden un pleno, piden un pleno con reloj.
De dónde viene el choque y por qué ha ido a peor
La tensión alrededor del Centro Social no nació en enero. En diciembre ya hubo pleno extraordinario para sacar adelante el expediente y aquello terminó con la oposición de ATI haciendo ademán de abandonar la sala, con el alcalde usando el voto de calidad para desempatar y con una escena que dejó más resaca que acuerdo.
Pocos días después se publicaba que la licitación se había puesto en marcha con un calendario sensible, entre mediados de diciembre y primeros de enero, y con cifras que levantaron preguntas sobre qué se estaba licitando exactamente y con qué reglas. Y el 8 de enero llegó el golpe real cero ofertas. En ese pleno, el alcalde atribuyó el fracaso a un ambiente de miedo y presión mediática, mientras ATI defendía que el problema era el pliego y la viabilidad.
A partir de ahí, el debate dejó de ser técnico y se volvió emocional, que es lo que pasa cuando un servicio esencial se convierte en campo de batalla.
Los mayores, el comedor y la parte que no cabe en un expediente
En todo este relato hay un actor que no debería ser secundario, la gente que usa el Centro Social a diario, especialmente los mayores. En la asamblea recogida por igealarioja.com, la Asociación de Jubilados se puso entonces sobre la mesa el cierre y la falta de comunicación, con la consecuente pérdida de socialización.
Y aquí aparece la paradoja que nadie quiere escuchar pero todos saben. No se puede reabrir el Centro a voluntad. Tanto ATI como Alcaldía han insistido en la necesidad de procedimiento y licitación. Perfecto. Entonces el debate real no es si hay que licitar, sino cuánto va a tardar en licitarse bien.
La pregunta crítica y la salida posible
ATI pone el foco en la urgencia y en la calidad del pliego. El gobierno municipal pone el foco en la legalidad y en regularizar lo que llevaba años mal. Ambos discursos pueden ser ciertos a la vez, y aun así estar fallando en lo mismo explicar, consensuar y diseñar un concurso que atraiga a alguien de verdad.
Porque una licitación desierta no es solo mala suerte. Es un síntoma. Puede indicar números que no salen, exigencias desproporcionadas, inseguridad jurídica, miedo a la exposición pública o una mezcla de todo. Y si el diagnóstico no se hace con humildad, la solución será repetir el error con otro nombre.
Si el Centro Social es el corazón social del pueblo, como tantos vecinos repiten sin necesidad de eslóganes, entonces la política local tiene una obligación extra menos épica y más oficio. Menos reproche y más pliego entendible. Menos trinchera y más transparencia explicada como se explica en la calle. Y, sobre todo, un calendario público y creíble, porque cuando un servicio está cerrado, cada semana sin pasos claros no es prudencia administrativa, es desgaste comunitario.