Nueva licitación en marcha y un pueblo pendiente del mostrador
El Centro Social de Igea vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez con un dato ya oficial encima de la mesa. La nueva licitación para su gestión está publicada y el reloj corre para quien quiera presentar oferta. El expediente 32/2026 fija como fecha límite el 16 de marzo de 2026 a última hora, con inicio previsto del contrato el 1 de abril de 2026 y una duración de 4 años, además de posibles prórrogas anuales. El valor estimado del contrato figura en 480.000 euros y el presupuesto base en 3.000 euros sin impuestos, 3.630 con impuestos. La adjudicación pondera 70 puntos al precio y 30 a la experiencia en hostelería, con una garantía definitiva del 10 por ciento.
Lo que defiende el Ayuntamiento y lo que discute la oposición
El Ayuntamiento enmarca el paso como una regularización obligada. Según viene sosteniendo en sus comunicados, el contrato llevaba caducado desde 2019 y la ley exige publicidad, igualdad y concurrencia, más aún si hay personas interesadas en optar al servicio. En esa línea, insiste en que licitar no equivale a echar a nadie y que la gestora anterior puede presentarse como cualquier otro licitador.
En el Pleno extraordinario del 20 de febrero, la oposición de ATI volvió a cargar contra el pliego y, sobre todo, contra su viabilidad. Entre los puntos más repetidos, la obligación de asumir la limpieza de todo el edificio y un estudio económico que, según ATI, se queda corto en gastos básicos. Pusieron un ejemplo muy concreto, la luz, con una estimación anual de 3.600 euros frente a pagos reales que sitúan en torno a 800 euros al mes. También criticaron la exigencia de un seguro de responsabilidad civil de 600.000 euros, mientras el alcalde defendió que esa cuantía es habitual en contratos públicos y que no suponía un giro respecto a pliegos anteriores.
La carta de Esme y el golpe personal detrás del expediente
A la lectura técnica se le ha sumado la parte humana, con nombre y apellidos. Esme Arnedo, que llevaba el servicio, publicó una carta y también mensajes en las redes del Bar Esme donde explica por qué no pudo seguir y por qué, según ella, el cierre no fue un capricho. Señala un aumento de exigencias, horarios sin margen, un sistema de penalizaciones y el salto en seguros, además del impacto laboral de tener que gestionar despidos e indemnizaciones. En su relato, también denuncia presiones previas y una comunicación inicial poco formal.
El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que el Centro Social está cerrado porque la gestora decidió cesar la actividad antes de que hubiera un nuevo adjudicatario y que, en estos casos, lo habitual es continuar hasta que se resuelva la licitación. En resumen, dos versiones que chocan en el punto más sensible, quién podía y debía mantener la persiana levantada mientras se tramitaba el concurso.
Los plazos legales también cuentan
En medio del cruce, se han discutido incluso los tiempos administrativos. Conviene recordar que, cuando un pleno extraordinario es solicitado por concejales, la normativa prevé que no se demore más de quince días hábiles desde la solicitud y si no se convoca en plazo puede quedar convocado automáticamente en los términos previstos. También el recurso de reposición tiene un plazo máximo de un mes para dictar y notificar resolución.
Ahora, con la licitación publicada y fechas claras, el reto ya no es solo jurídico. Es práctico y muy de pueblo, que se presenten ofertas, que el proceso no espante a nadie y que el Centro Social vuelva a ser lo que siempre fue, un servicio funcionando y un lugar donde la vida cotidiana no tenga que debatirse a gritos.
